El PSOE de los ERE vuelve a los tribunales por el desvío de 2,3 millones en ayudas ilegales a empresas

Las irregularidades de la Junta socialista de Andalucía siguen coleando en los juzgados de la comunidad. La Audiencia de Sevilla reanuda este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de los ERE por ayudas presuntamente ilegales por valor de 2,3 millones de euros a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.

En la pieza figuran como acusados varios ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, pesando el hecho de que Fernández y Barberá cumplen actualmente pena de cárcel tras haber sido condenados por malversación en la sentencia previa relativa al mecanismo general de financiación pública de los ERE.

Asimismo, esta pieza afecta al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas; el presunto ‘testaferro’ Juan Francisco Algarín; los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; un abogado, dos ‘intrusos’ -uno de ellos concuñado de Antonio Rivas-, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y un representante sindical.

Para este mes, además, hay señaladas más sesiones los días 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27, toda vez que la vista cuenta con más días programados hasta el 27 de noviembre.

Fernández, Barberá y Márquez

El juicio, que comenzó el pasado mes de julio, cuando fueron abordadas las cuestiones previas, será reanudado este lunes después de que el tribunal haya resuelto tales cuestiones desestimando la solicitud de la Fiscalía de apartar del caso al ex consejero Antonio Fernández, al ex viceconsejero Agustín Barberá y al ex director de Trabajo Juan Márquez.

En las cuestiones previas, recordémoslo, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado «apartar» de la causa al ex consejero socialista de Empleo, al ex viceconsejero del ramo y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social una vez emitida la sentencia del Tribunal Supremo sobre los recursos de casación planteados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia, que condena a los mismos y a otros ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el denominado como «procedimiento específico» de financiación con fondos públicos de los citados ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad.

El fiscal, en ese sentido, manifestaba que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la condena por malversación impuesta a estos tres ex altos cargos de la Junta por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE, o sea el mecanismo administrativo mediante el cual era aplicado el dinero público, «incluye todas las disposiciones de fondos públicos realizadas por los acusados» durante el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos. Al punto, recordaba que todos estos fondos fueron consignados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos de la Junta.

Por eso, reclamaba excluir del juicio a los tres citados inculpados por el principio non bis in idem, que impide sancionar penalmente a un mismo sujeto respecto a un mismo hecho o comportamiento ya juzgado, señalando que los hechos abarcados por la pieza de las ayudas a Surcolor y Surcolor Óptica, en lo que concierne a Fernández, Barberá y Márquez, «son coincidentes», según el fiscal del caso, con los aspectos por los que todos ellos fueron ya juzgados y condenados por la Sección Primera de la Audiencia.

En abril de 2022, antes de que recayese la sentencia del Supremo resolutoria de los recursos de casación contra la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla sobre el citado «procedimiento específico», esta misma Sección Tercera de la Audiencia que aborda ahora esta pieza de los ERE condenó a Fernández y a Márquez a siete y cuatro años de cárcel, respectivamente, por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), siendo absuelto Barberá.

El juicio de Acyco

Aunque en aquel caso estos acusados ya esgrimieron el principio non bis in idem, la Sección Tercera de la Audiencia consideró que «los hechos de la causa y los que fueron objeto del denominado procedimiento específico no son los mismos, son diferentes».

No obstante, tras recurrir Antonio Fernández y Juan Márquez ante el Supremo su condena por las ayudas a Acyco, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado estimar sus recursos de casación y absolverles, considerando que «concurre la excepción de cosa juzgada y la condena de los acusados Márquez y Fernández incurre en el proscrito non bis in idem».

Las defensas de Fernández, Barberá y Márquez apoyaron plenamente la petición del fiscal, considerando que el apartamiento de estos acusados evitarían «paradojas» como la derivada a su entender de la inclusión de estos acusados en el juicio por las ayudas a Acyco.

Pero ahora, el tribunal de la Sección Tercera ha ratificado su pronunciamiento ya emitido en la pieza separada de Acyco, remarcando en este nuevo auto que «las ayudas individuales no fueron el objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico ni se presentó acusación por tal cosa», además de que «no existe coincidencia entre la identidad de los encausados en el procedimiento específico y los presentes autos».

Sin alteración

Para los magistrados, la sentencia del Supremo sobre la pieza principal del procedimiento específico «no altera» su criterio ya mostrado en la causa de Acyco, porque el Supremo determina que «sólo caben en el procedimiento específico los acontecidos entre la elaboración de la primera modificación presupuestaria y la aprobación de la última modificación presupuestaria, por lo que cualquier hecho ocurrido fuera de esos márgenes no ha sido objeto de enjuiciamiento».

Además, sostiene que respecto al delito de malversación, de la sentencia del Supremo se desprende que «la mención del tiempo en el ejercicio de los cargos ha de entenderse dentro del marco general previamente fijado que finalizaba el 1 de diciembre de 2009», con lo que «las disposiciones de fondos de 2010 no se pueden entender comprendidas».

«Si el procedimiento específico se defiende que abarcaba todo, también cada una de las ayudas sociolaborales, no se entiende por qué en ese procedimiento específico no estaban todos los acusados de esta causa o de otras piezas particulares», razona el tribunal, considerando que lo «prudente» es esperar a que el Supremo resuelva los recursos de casación de los condenados por la pieza Acyco, lo que «con toda probabilidad» sucederá antes de que pese sentencia por esta otra pieza separada.

Además, recuerda que la acusación popular, el PP-A, «ha mantenido expresa y tajantemente la acusación» contra Fernández, Barberá y Márquez, pues los populares sostienen que su apartamento del juicio sólo correspondería aplicarlo respecto a los hechos investigados hasta el 1 de diciembre de 2009, bajo la premisa de que ése sería el alcance de la sentencia del Supremo.

Por ello, el tribunal desestima excluir de la causa a los citados ex altos cargos, así como también rechaza otros aspectos como la falta de legitimación activa del PP-A para sostener acusación por sí sola contra los mismos, al no hacerlo ni la Fiscalía ni la acusación particular, la prescripción de los delitos o la nulidad del auto de apertura de juicio oral.